Vienen por la universidad gratuita de nuestros hijos

Mundo 22/11/2017 Por
El Banco Mundial recomienda a Brasil que elimine la universidad gratuita. Es obvio que el escenario que sigue es atacar Argentina.
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La idea, según el informe, es que el 40% de los estudiantes más pobres que acuden a las facultades públicas sean subsidiados por sus compañeros que conforman el 60% más rico. Además, quiere que Temer reduzca sueldos estatales y acelere la reforma previsional

El Banco Mundial recomendó al gobierno de Michel Temer eliminar la gratuidad de la universidad pública, reducir los salarios de los empleados públicos y acelerar la reforma previsional en Brasil, entre otras sugerencias para reducir el gasto, se informó oficialmente.

A pedido del gobierno de Brasil, el Banco Mundial elaboró el informe llamado "Un Ajuste Justo" en el cual afirma que el estado brasileño gasta mal sus recursos beneficiando a la parte más privilegiada de la población, sin lograr reducir con éxito la desigualdad y la pobreza.

"El concepto de derechos adquiridos debe ser revisado", aseguró el informe.

Entre el recetario recomendado al gobierno de Brasil, la medida que causó más impacto es la que promueve privatizar la educación pública superior, reveló el informe publicado por la agencia de noticias privada Estado.

La idea, según el informe del Banco Mundial, es que el 40% de los estudiantes más pobres que acuden a las universidades públicas sean subsidiados por sus compañeros que conforman el 60% más rico.

Los estudiantes de ingresos medios y altos de acuerdo al Banco Mundial deberían tomar créditos durante sus años de estudio en las facultades públicas y comenzar a pagarlos una vez graduados, como un financiamiento bancario.

"La gratuidad puede estar perpetuando la desigualdad", apuntó el informe, que contabilizó 2 millones de alumnos en casas de altos estudios públicas y 8 millones en privadas.

El informe sostiene que cada alumno en una facultad privada cuesta unos 4.500 dólares por año, contra los 13.000 dólares calculados por el Banco Mundial que cuesta "mantener" un alumno universitario para el presupuesto educativo.

Asimismo, el informe aclaró que "este gasto es muy superior al de países como España e Italia" y que crecen al 7% al año, lo cual conforma un "gasto ineficiente y regresivo".

También el informe "Un Ajuste Justo" alertó sobre la necesidad de cerrar hospitales medianos y fortalecer a las unidades básicas de salud y los hospitales grandes.

El informe fue pedido por el gobierno para 2018, año en el cual entra en vigor la reforma constitucional del techo del gasto público, una iniciativa inédita a nivel global que congela por 20 años, apenas actualizando por la inflación, el presupuesto federal.

En otro orden, el Banco Mundial denunció la desigualdad de salarios entre los empleados públicos y los privados.

En promedio, sostuvo el informe, el salario de un estatal brasileño es 67% superior al del mercado privado y es por eso que recomienda que reducir por la mitad estos ingresos generaría un ahorro del 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI).

"Mantener privilegios es mantener una injusticia. De todos modos, nosotros recomendamos, abrimos un debate", dijo ante la prensa Antonio Nucifora, economista jefe del Banco Mundial para Brasil.

El nudo del ajuste, según el funcionario de la entidad, es la reforma que el gobierno impulsa en el sistema previsional para que el país tenga un potencial de ahorro del 8,36% del PIB

Según Nucifora, en el ritmo actual, en 13 años el pago de jubilaciones y pensiones estarán ocupando el límite de gasto autoimpuesto por el gobierno con la ley que fija por 20 años el congelamiento del presupuesto, incluso si el país crece y aumenta la recaudación.

El informe recomendó un ajuste fiscal del 5% en el gasto primario y un aumento de tributos hacia la franja más rica de la población, con tasas al patrimonio y a los lucros de capital.

El Banco Mundial también criticó los incentivos a las empresas y los planes de subsidios industriales ya que "se demostró que tuvieron poco o ningún impacto en la generación de empleo".

La reforma, según el informe, deberá ser realizada en un plazo mayor a cuatro años, es decir, más allá del próximo mandato presidencial que surgirá de las elecciones de octubre de 2018.

 

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