Funcionario radical saltó a la Justicia y pasó de acusado a acusador

Investigaciones 27/05/2016 Por
Santa Fe - Se trata de Diego Poretti, ex funcionario de Barletta y de los gobiernos de Bonfatti y Lifschitz. Estuvo involucrado en un caso de allanamiento ilegal y fue acusado en la Justicia Federal.
poretti
PORETTI - Ahora en el Ministerio Publico Fiscal.

Pero la causa terminó en manos de un fiscal provincial, que confirmó las irregularidades pero determinó que no hubo delito y archivó la investigación. Ahora ambos trabajarán juntos: el dirigente de la UCR fue designado subsecretario de Persecución Penal en la Fiscalía Regional Nº1.

El subsecretario de Control de Fuerzas de Seguridad y Agencias de Seguridad Privada, Diego Martín Poretti, fue designado el 19 de mayo por decreto Nº 1.071 del gobernador Miguel Lifschitz como subsecretario de Persecución Penal de la Fiscalía Regional Nº1. El nombramiento llega unos pocos meses después de que una causa que lo involucraba por un allanamiento ilegal en Colastiné Norte pasara al archivo por decisión del fiscal Gustavo Urdiales, quien ahora lo tendrá como compañero de trabajo.

Poretti recorrió en los últimos años una ascendente carrera en el plano político, siempre vinculado al área de Seguridad, de la mano del radicalismo de la ciudad de Santa Fe. En la intendencia de Mario Barletta se convirtió en el primer subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana de la municipalidad. En el gobierno de Antonio Bonfatti trepó a la subsecretaría de Coordinación Operativa del Ministerio de Seguridad de la provincia, un cargo de peso dentro de la estructura de la cartera. Ya en el de Lifschitz pasó a ocupar el puesto que mantuvo hasta la reciente designación en el Ministerio Público de la Acusación.

Fue en la gestión provincial anterior donde su nombre quedó asociado a un escándalo político-policial-judicial. En junio de 2012, un allanamiento a una casa en Colastiné Norte en el que se encontró una escasa cantidad de cocaína y marihuana terminó con la nulidad del procedimiento al comprobarse que se había hecho sin la orden judicial correspondiente. Al operativo ilegal se sumaron el entonces jefe de policía Hugo Tognoli, el juez Jorge Pegassano y Poretti, todos los cuales resultaron luego imputados por -en aquel momento- el fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez y el titutar de la Procuraduría de Narcrocriminalidad (Procunar) Félix Crous por los delitos de allanamiento ilegal e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Ante la acusación, el radicalismo local salió rápidamente a respaldar a Poretti. El más vehemente fue el intendente José Corral, quien calificó la acción de Rodríguez y Crous como un “exabrupto de fiscales de La Cámpora” (el titular de Procunar luego contestaría que por su edad él podría pertenecer a “La Mercante”). El socialismo y la Coalición Cívica sumaron después su apoyo.

Luego de varias idas y vueltas, la investigación recayó en la Justicia provincial, concretamente en manos del fiscal Gustavo Urdiales. Días atrás, el periodista Héctor Galiano reveló en su sitio web Zona Crítica que el funcionario del MPA archivó el 29 de diciembre pasado la denuncia por considerar que no hubo delito, pese a señalar que efectivamente existieron irregularidades.

“No se me escapa que existieron en el devenir del proceso tramitado ante el juzgado federal numerosos inconvenientes, y el más grave y fundamental sin dudas, se debió a la ausencia de una motivación formal y por escrito del allanamiento practicado en el domicilio de los señores pues no se debe desconocer que son taxativas las irregularidades que marca el juez (federal) Francisco Miño, motivadas por la argumentación del fiscal Walter Rodríguez (…) si bien denotan como he dicho grandes desprolijidades y fundamentos para motivar una causa penal, con el devenir de esta investigación queda determinado que no constituyen un ilícito penal (…) reitero, irregularidades a nivel administrativo existieron (allanamientos simultáneos con escasos datos concretos, un informe erróneo sobre la existencia de motivación formal sobre una entrada a un domicilio privado en concreto, entre los más relevantes) pero no causa suficiente para trasladar esa base fáctica a motivar una responsabilidad penal en concreto”, escribió Urdiales en su decisión, según el portal de noticias.

Cinco meses después, el fiscal ya tiene a su investigado como compañero de trabajo. Poretti fue designado subsecretario de Persecución Penal en la Fiscalía Regional Nº1, cargo diseñado por el malogrado Ricardo Fessia, otro radical rama UNL que ocupó cargos en el Ministerio Público de la Acusación.

De esta manera, Poretti se suma a la larga lista de dirigentes de la UCR que saltaron al MPA, incluidos familiares directos de los ex rectores de la Universidad Nacional del Litoral Juan Carlos Hidalgo, Mario Barletta y Albor Cantard. Todos ingresaron por concurso, incluido el flamante acusador.

Fuente: Diario de Santa Fe

 

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