Reponen gendarmes exonerados en 2012 por protestas salariales

Nacionales 16/05/2016
Buenos Aires - El Gobierno reincorporó a la Gendarmería nacional a 77 efectivos que habían sido desafectados de la fuerza luego de las protestas con reclamos salariales que sacudieron varios puntos del país en octubre de 2012.
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Bulrich y Maza - Dialogo y respeto en un marco democrático.

Ese personal forma parte de una nómina de 445 gendarmes exonerados cuyos casos están bajo análisis de la jefatura de la fuerza a partir de un compromiso asumido en esa línea por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La propia ministra le confirmó anoche a este diario que el jueves pasado firmó la reincorporación de una primera tanda de 77 gendarmes. Se trata para los participantes de aquel reclamo salarial del primer hito de una negociación que arrancó apenas comenzada la gestión de Mauricio Macri y que tuvo como antecedentes una relación estrecha con Bullrich y con Hugo Moyano.

La resolución de la ministra fue una consecuencia directa del análisis inicial realizado por los equipos del comandante general Gerardo Otero, jefe de la Gendarmería nacional, y cuyos resultados elevó a Bullrich semanas atrás.

Raúl Maza, exvocero del conflicto de 2012 y uno de los que demanda su amnistía por la vía administrativa, le ratificó a Ámbito Financiero que espera la llegada en los próximos días de las notificaciones formales a los indultados para la vuelta a sus puestos de trabajo.

Aquellas protestas mantuvieron en vilo al Gobierno durante varias semanas. Tras negociaciones en todos los niveles con funcionarios de la administración de Cristina de Kirchner, personal de la Gendarmería, la Prefectura Naval y de varias policías provinciales aceptaron una tregua a cambio de aumentos salariales. No obstante, en las siguientes semanas las entonces autoridades de Seguridad desafectaron a un número indeterminado de efectivos sindicados como promotores de los reclamos.

Según los exefectivos hubo desafectaciones bajo varios formatos: en algunos casos se produjeron retiros; en otros, pases a disponibilidad (suspensiones con el mantenimiento de parte del sueldo), y en la mayoría se los exoneró o dio de baja. Maza dijo que sólo de la Gendarmería presentó expedientes por 445 casos, y que también envió un listado de 67 efectivos de la Prefectura que habrían sido separados de manera paulatina luego de la crisis de 2012. La normativa argentina les impide a los miembros de las fuerzas militares y de seguridad agremiarse bajo los términos de la ley de Asociaciones Sindicales.

Luego de resuelto el conflicto sus impulsores mantuvieron contactos políticos y sindicales. Desde un primer momento se vincularon con Bullrich, entonces diputada nacional, y con Hugo Moyano. De hecho, tanto Maza como José Carranza, referente del Sinpope (sindicato policial y penitenciario) se hicieron asesorar por Hugo Antonio Moyano, el hijo abogado del líder camionero, quien les dio cobijo en la CGT de su padre y los guió en las gestiones para apuntalar un debate sobre la necesidad de agremiar a las fuerzas de seguridad.

Bullrich minimizó las consecuencias de la reinstalación de efectivos que tuvieron actuación en las protestas en abierto desafío a sus mandos: "se reincorporarán los que tuvieron un lugar pasivo" en el conflicto, contestó la ministra. Sobre el total de desplazados bajo análisis, consideró "exagerado" el número de 445 esgrimido por Maza. "Hay muchos que ya volvieron y otros que no quieren. Es un proceso que comenzó. Es una revisión que tiene que cumplir reglas. Pero comenzó y eso es lo importante", completó la funcionaria.

La sintonía en este caso entre Bullrich y Moyano parece dar vuelta definitivamente una página de enfrentamientos que ambos mantuvieron durante el Gobierno de la Alianza, en donde la actual titular de Seguridad ocupaba el Ministerio de Trabajo, era apodada "La Piba" por la CGT y promovía la investigación y publicidad de los patrimonios de sindicalistas. El giro del camionero a la abierta oposición a Cristina de Kirchner ya los había acercado a partir de 2012.

En paralelo con la gestión por las reincorporaciones, Maza ejerció en los últimos meses una asesoría de facto de Bullrich relacionada con el planteo por la eventual sindicalización de las fuerzas de seguridad. Se trata de un debate en la actualidad vedado por la ley pero alimentado por algunos juristas entre los que se cuenta al exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni.

"Lo venimos trabajando desde la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (Fasipp). Queremos poder sindicalizarnos de una manera especial, que no contempla el ejercicio del derecho de huelga porque nuestra tarea de seguridad es esencial", explicó Maza.

El camino de indultos a los exonerados no cuenta, sin embargo, con el aval de toda la fuerza. Algunos sectores de Gendarmería los considera bien desplazados por su accionar en rebeldía.

 

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