Lo que nunca se contó sobre la Justicia Bonaerense

Opinión 15/10/2016 Por
Un funcionario del Poder Judicial de San Martín revela, de manera descarnada, los negocios y abusos que se ponen en juego en el fuero penal. Las víctimas de la inseguridad piden Justicia, aunque el sistema tiene muchas falencias.
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Mucho se habla de la necesidad en contar con un Poder Judicial independiente, con capacidad de gestión y al mismo tiempo con aptitud para resolver la conflictividad social que diariamente se ventila en cada uno de sus fueros.

Desde el sindicato Asociación Profesional Personal Judicial (APPJ) nucleamos a los profesionales jerárquicos que trabajan en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, pero que no poseen la categoría de jueces y fiscales. Así es como desde nuestra labor diaria podemos ofrecer una mirada “desde adentro” de la estructura judicial, y de allí hacer notar las falencias e ineficacias del sistema, a pocas horas de la multitudinaria marcha de los familiares de víctimas de la inseguridad que, entre otras consignas, clamaron por Justicia.

Empezando por el método de selección de magistrados, a la mayoría de los jueces y fiscales se los nombra por sus contactos políticos. A nadie entonces debería sorprender que estos funcionarios se nieguen a impulsar investigaciones en materia de corrupción estatal.

La misma no se limita al desvío de fondos públicos sino que también produce un aumento de la conflictividad social (delincuencia, consumo de drogas, abandono de la niñez) debido justamente al mal uso de esos recursos. Y lo que es peor: esa conflictividad social se judicializa por parte del Poder Ejecutivo y de la Policía ante el mismo Poder Judicial que previamente se negó a combatir las causas que la originaron.

Así emerge un espiral de conflictividad social judicializada en el que las fuerzas de seguridad tienen carta libre. El poder político de turno se nutre de la Policía y del Servicio Penitenciario para recaudar su “caja chica” y por eso les da cierta libertad de acción. El Poder Judicial omite controlarlas por dos razones: la primera, porque para ello debería de enemistarse con el poder político que nombró al juez o fiscal en su cargo. Y la segunda, por la corrupción interna del Poder Judicial.

Recientemente hemos llevado adelante una estadística de distribución de trabajo que causó malestar entre las máximas autoridades del Poder Judicial provincial. La misma daba cuenta que, en los últimos años, varios fiscales habían trabajado poco. El caso más emblemático era el de una fiscal que, en 3 años, lo único que había hecho fue tomar una declaración testimonial a una víctima.

Recordemos que en la provincia de Buenos Aires, los fiscales tienen a su cargo las investigaciones penales y, por ende, tienen que ejercer el control de la Policía, a quien deberían impartir directivas sobre cómo hacer una investigación. Lo que ocurre es que los fiscales delegan, por lo general, casi la totalidad de sus tareas en su personal, limitándose en el mejor de los casos a gerenciar las fiscalías. Los empleados que suplen esa inactividad de los fiscales en modo alguno poseen la capacidad física (por sobrecarga laboral) de sumar a sus tareas el direccionamiento de la Policía.

Terminamos entonces con una Policía con amplia libertad de acción y el Poder Judicial actuando como una mera escribanía. Son las fuerzas de seguridad quienes “venden” al fiscal los procedimientos ya concluidos. Al no contar con investigadores propios, las fiscalías o creen ciegamente en la veracidad de los procedimientos policiales o deben convalidar, en cada uno de los casos, el accionar de las fuerzas de seguridad. Pero esta segunda opción significaría destapar un nido de corrupción contra la cual ningún juez o fiscal bonaerense está dispuesto a batallar, so pena de someterse a un juicio político.

En ese contexto de taparse los ojos para no ver, el Poder Judicial se aisla de los problemas de los ciudadanos y se dedica a convalidar los procesos de menor cuantía traídos por las fuerzas de seguridad y elabora estadísticas abultadas de investigaciones penales que dan cuenta de una presunta eficacia del sistema, dejando impune los serios casos de corrupción institucional.

Así, algunos jueces comercializan la libertad de las personas, declaran nulidades de procesos en que se encuentran comprometidos intendentes, reciben autos como pago de sobornos, montan empresas excarcelatorias con dirigentes de los colegios de abogados. O los fiscales que concurren a los allanamientos sólo para asegurarse su cuota del secuestro.

Nace así una empresa judicial sin control, donde cada juez y fiscal se cree dueño de un poder absoluto sobre sus empleados y sus conciudadanos. Emergen, entonces, disparates como el derecho a no pagar impuestos por ser jueces, hasta trabajar sólo los martes y jueves o hacerse lavar el auto por la policía en medio de un allanamiento.

En tanto, quienes intentamos dar a conocer la corrupción del sistema somos perseguidos sumarialmente e intentan disciplinarnos para que hagamos silencio. Por eso nos juntamos cientos de funcionarios honestos, en un sindicato apartidario y apolítico, para democratizar la Justicia.

Maquiavélicamente desde las esferas superiores se elevan quejas reclamando mayor número de jueces y fiscales para combatir la emergente conflictividad social. ¿Para qué se quieren más fiscales y jueces condicionados por el poder político y que en nada sumarán a solucionar el problema?

Se precisan jueces y fiscales que dejen de ocuparse si pagan o no impuestos como el resto de los mortales, si tienen o no un estacionamiento exclusivo donde dejar su auto, o si los llaman “su señoría” para, de una vez por todas, ocuparse de crear un colectivo judicial que cumpla con su tarea: velar por los derechos de los ciudadanos bonaerenses.


(*) Secretario de la Defensoría General de San Martín y Secretario general de APPJ.

 

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